El parlamentario del Partido Demócratas presidió la Comisión Investigadora (CEI) sobre el robo de cables de cobre, que de manera especial se realizó en la Sede Coquimbo de la Universidad Central, para abordar el impacto de este delito que afecta a miles de familias del país y que tiene a esta región como la más afectada.
Con la participación de parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad civil, se realizó en la sede Coquimbo de la Universidad Central la sesión extraordinaria en regiones de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el robo de cables, presidida por el diputado por la región de Coquimbo, Víctor Pino. Se trata de una instancia, impulsada por el legislador de Demócratasluego de más de tres años de gestión, con la que se busca esclarecer un delito que se ha vuelto cada vez más común y peligroso, y que afecta de manera directa a servicios básicos como la electricidad y las telecomunicaciones. Según el legislador Víctor Pino, “el propósito de sesionar en la región es descentralizar la discusión y mostrar que tanto Coquimbo como Atacama están entre las más afectadas a nivel nacional. Esto ya no es un problema aislado, se trata de bandas organizadas que incluso exportan el cobre robado, y como comisión estamos fiscalizando lo que han hecho las instituciones del Estado frente a esta amenaza. Es urgente avanzar en una coordinación real entre las regiones y no seguir actuando cada una por su cuenta”, afirmó.
En la instancia también participó la delegada presidencial (s) de Coquimbo, Paulina Mora, quien valoró el trabajo de la comisión y señaló que “desde el Gobierno hemos priorizado el combate al robo de cables dentro del Consejo contra el Crimen Organizado, porque sabemos que este delito tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Desde 2022 hemos impulsado una mesa de energía y seguridad para abordar este fenómeno, que lamentablemente ha tenido un alza preocupante durante el primer semestre de este año”.
En tanto el jefe de la IV Zona de Carabineros, general Juan Antonio Muñoz, destacó que “este delito no puede abordarse solo desde la acción policial, ya que necesitamos un enfoque integral que trace todo el ciclo del delito, desde quien corta el cable hasta quien lo vende o exporta. Por eso hemos propuesto cinco ejes de trabajo que incluyen cambios legales, más tecnología y una mejor fiscalización. Las comunas más afectadas por denuncias en nuestra región son Coquimbo, La Serena y varias zonas rurales”, precisó el general.
Por su parte, los alcaldes presentes también hicieron eco de la molestia de sus comunidades. La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, se refirió al drama cotidiano que viven sus vecinos, al manifestar que “cuando se corta la luz en nuestra comuna, se paraliza todo: los APR dejan de funcionar, no hay internet, ni señal telefónica, ni clases. Incluso vecinos insulinodependientes quedan sin posibilidad de refrigerar sus medicamentos. Esto afecta vidas y no puede seguir ocurriendo”. Mientras que el alcalde de Canela, Waldo Contreras, indicó que “a raíz de estos robos de cables reiterados nuestro pequeño comercio pierde productos por los cortes de luz. Necesitamos más fiscalización en zonas rurales y que esta comisión investigadora logre esclarecer la magnitud del daño”.
La Comisión Especial Investigadora continuará sesionando en la Cámara de Diputados, con la participación de una serie de expertos expositores en el tema, y ya el diputado Víctor Pino adelantó que “próximamente se espera que asista el Fiscal Nacional, Ángel Valencia y a otros actores que consideramos clave. Estamos comprometidos en llegar al fondo de este delito. No podemos permitir que el crimen organizado avance a costa del bienestar y la seguridad de nuestra gente”, concluyó el parlamentario de Demócratas por la región de Coquimbo.