Esta iniciativa presentada por las diputadas Joanna Pérez, Érika Olivera, y los diputados Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio, tiene por objetivo que los órganos de la administración del Estado deban informar a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado sobre todas las transferencias hacia asociaciones o fundaciones sin fin de lucro que supere los 110 millones de pesos en un año calendario.

Esta información deberá ser enviada tanto si la transferencia se realiza en un solo acto dentro del año como si se realiza en varios actos y la sumatoria es superior a esos 110 millones.

Asimismo, establece la obligación de las fundaciones y asociaciones de informar al Congreso Nacional cada vez que cambien de giro o modifiquen su información financiera, así como si reciben transferencias por más de 110 millones desde el Estado.

Finalmente, la iniciativa buscará aumentar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que siendo jefes de servicio renuncian a su cargo para eludir la investigación administrativa, pudiéndose por un periodo de hasta 6 meses desde que se cesó en el cargo perseguir esta responsabilidad e iniciar los sumarios o investigaciones que correspondan.

Todo esto dentro de la agenda por la probidad y transparencia que se viene impulsando desde Demócratas, que ha instalado iniciativas como el proyecto de ley para transparentar los aportes privados a las organizaciones no gubernamentales y el proyecto de ley que crea el estatuto para estas organizaciones.

La batería de iniciativas buscar que la ciudadanía pueda estar tranquila a la hora de que los órganos del Estado transfieran recursos a estas instituciones y poder saber de antemano el destino de esos recursos, aumento enormemente la calidad en las fiscalizaciones que se pueden realizar tanto del origen privado como del público de los recursos que financian a estas instituciones.