Como ciudadanos y miembros del Partido Demócratas Chile, tenemos la certeza de que para sustentar el desarrollo social y económico de nuestro país es necesario contar con seguridad. Un país seguro resulta más atractivo para establecerse, invertir y brindar justicia social a nuestros conciudadanos.

La violencia desmedida y la delincuencia descontrolada en las calles, plazas, barrios y autopistas de las zonas norte, centro y sur del país son una preocupación real para la ciudadanía, tal como reflejan los estudios de opinión a nivel transversal.

Permanecer en silencio sería una complicidad de la cual no seremos partícipes. Por ello, alzamos una voz constructiva, con la fuerza del diálogo, para lograr que el país retome el sendero de la seguridad y el progreso.

En este documento, presentamos el trabajo de mujeres y hombres comprometidos con Chile, quienes desean aportar propuestas claras y serias al país en materia de seguridad, fronteras y migración, tres temas urgentes para nuestra Nación.

La seguridad y la paz social se recuperarán mediante acciones concretas a corto y mediano plazo, para restituir a los chilenos y chilenas su derecho a vivir en paz.

 

ACELERAR DECRETOS DE EXPULSIÓN

Chile debe brindar la oportunidad de desarrollarse libremente a quienes representan un aporte para el país. Sin embargo, somos directos y claros: aquellos que vienen únicamente con la intención de causar daño deben ser expulsados, prohibiendo y evitando su reingreso.

 

URGENCIAS LEGISLATIVAS EN SEGURIDAD

Concordamos con la Comisión Investigadora de Crimen Organizado en dar celeridad a las iniciativas de ley de reforma a la actual Ley de Migraciones. Además, apoyamos las siguientes medidas: permitir actuaciones de control de identidad en casos de situación migratoria irregular, establecer requisitos y un procedimiento más claro y rígido en cuanto al acceso a la declaración de la calidad de refugiado, y flexibilizar el mecanismo de notificación de resoluciones de expulsión.

 

ROL DE FFAA E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Nuestra senadora demócrata, Ximena Rincón, fue firmante del proyecto de Infraestructura Crítica que permite el control fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas en coordinación con las policías.

Asimismo, el senador demócrata Matías Walker, como presidente de la Comisión de Constitución en el Senado, tramitó con rapidez el proyecto que permite destinar a las Fuerzas Armadas para cooperar en el control y la detención en las fronteras, sin perjuicio de la necesidad de contar de manera permanente con un contingente de las Fuerzas Armadas para tales efectos.

 

MODERNIZACIÓN DE POLICÍAS 

Aumentar la dotación de la Brigada de Reacción Táctica (ERTA) de la Policía de Investigaciones en regiones con alta presencia de crimen organizado, como la macrozona norte.

Modificar el Código Penal para aumentar la penalidad por el delito de tráfico de personas. Proponemos elevar la pena a crimen (más de 5 años y un día) y eliminar la posibilidad de obtener beneficios en caso de reincidencia.

Efectuar una restructuración de los Planes Cuadrantes, que datan del año 2008, en atención a la expansión demográfica y geográfica de las comunas. Esto permitirá planificar de manera estratégica los sistemas preventivos y de vigilancia.

Lo anterior debe complementarse con la implementación de tecnología adecuada, suplementando la actuación de Carabineros en terreno con el monitoreo mediante drones.

 

RECUPERACIÓN DE FUERZAS

Proponemos que se reclute personal militar y personal de Carabineros en retiro que puedan colaborar con sus conocimientos en términos administrativos en el ingreso al país.

 

EXIGENCIA DE AUTOSUSTENTO

Exigir que cada persona que ingrese al país con visa de turista deba mantener o acreditar poseer al menos USD 2.000 para su estadía y manutención en el país durante un plazo de 90 días.

 

TRÁFICO DE AUTOS 

Sabemos que los portonazos, encerronas y, en general, el robo de vehículos motorizados muchas veces se encuentra relacionado con el tráfico de los mismos hacia nuestros países vecinos, especialmente Bolivia. Debemos crear desincentivos reales, como barreras, cerramientos o zanjas, para evitar el paso de los vehículos robados.

Además, es necesario aumentar las penas y la persecución del delito de robo con fuerza, robo con violencia de vehículos, la extorsión y el delito de receptación de vehículos motorizados, lo cual debe partir en presidio mayor en su grado medio a máximo, de diez años y un día en adelante.

Adicionalmente, creemos necesario que el Gobierno dé urgencia a la iniciativa sobre la Ordenanza de Aduanas, para sancionar el delito de contrabando internacional de vehículos.

También, es necesario establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas, y modificar las penas para los delitos relacionados con encerronas y portonazos.

 

CONTROL DE ARMAS Y DELINCUENCIA

En el año 2021, la Policía de Investigaciones incautó más de mil armas. Un análisis realizado por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Metropolitana (Brico) identificó los principales fenómenos delictivos presentes en el mercado ilícito de armas en nuestro país. Es evidente el alto poder de fuego que poseen los delincuentes, incluyendo armas de guerra.

Las estadísticas manejadas por el Ministerio Público y la Subsecretaría de Prevención del Delito respaldan el alto poder de fuego que mantienen las bandas de crimen organizado. Estas bandas no solo se encuentran asentadas en la zona norte de Chile, sino que se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional.

 

AUMENTAR PENAS POR ARMAS ILEGALES

Dada la baja penalidad vigente para los delitos relacionados con el tráfico de armas, consideramos imprescindible endurecer las penas por tales delitos y prohibir que los responsables accedan a beneficios de cumplimiento alternativo. En otras palabras, que no puedan optar a libertad vigilada, salidas dominicales, firma mensual u otros beneficios similares.

 

PODER DE FUEGO EN POLICÍAS

Es urgente proporcionar a nuestras policías un mejor poder de fuego y no permitir que nuestros Carabineros deban enfrentar a los delincuentes y al crimen organizado en situación de desventaja. Nadie puede estar en una posición más ventajosa que aquellos a quienes les hemos encomendado nuestra seguridad y protección como ciudadanos.

 

REFORMA LEY DE ARMAS

La ley 21.412, de enero de 2022, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer el control de armas, si bien es una regulación muy detallada en relación a la tenencia legal de armas, aún nos encontramos en deuda con aquella legislación que logre alcanzar el mercado ilegal de las mismas. Este espacio es evidentemente aprovechado por el crimen organizado y el narcotráfico.

 

ERRADICAR EL NARCOTRÁFICO

Una amenaza que hace algunos años parecía ajena y lejana se está apoderando rápidamente de nuestros barrios, plazas, calles y establecimientos educacionales. En las comunas donde el narcotráfico se ha impuesto, la tasa de homicidios supera en 6 veces el promedio nacional. No queremos eso para Chile.

 

PRESENCIA DEL ESTADO EN LOS BARRIOS

Es urgente una mayor presencia estatal en zonas vulnerables para erradicar las prácticas de asistencialismo por parte del narcotráfico. Se requiere protección reforzada en los puntos fronterizos y zonas costeras de la Macrozona Sur.

Además, es necesario mejorar las atribuciones de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a quienes se lucran con esta amenaza que afecta al país.

Nuestras propuestas en temas de control fronterizo deben ir acompañadas de fuertes penas, persecución implacable y cero beneficios carcelarios para quienes reincidan en estos delitos.

 

FORTALECER PROGRAMAS EN ZONAS VULNERABLES

Es fundamental fortalecer los programas gubernamentales con buenos resultados, cuyo objetivo sea mejorar el acceso a servicios en zonas vulnerables y mantenerlas al margen de la influencia del narcotráfico.

Por ejemplo, el programa “Familias Unidas” de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que lamentablemente sufrió una reducción en sus recursos.

Consideramos que los factores de riesgo que subyacen al delito son los mismos que los relacionados con el consumo de drogas. Por lo tanto, el propósito y el trabajo de dicho programa deben mantenerse de forma permanente y vigente con el fin de romper la cadena de la droga y el delito.

 

VINCULACIÓN REGIONAL

Es indispensable que, en el mediano y corto plazo, comience la discusión profunda sobre el traspaso de más y mejores facultades a los Gobiernos Regionales en materia de seguridad y orden público. Con esto se busca la planificación y ejecución de planes con enfoque regional. Es urgente que se reconozca la función de colaboración de los Gobiernos Regionales en la prevención del delito.

Cada región tiene su propia problemática delictual, la cual requiere ser investigada y analizada de acuerdo con la información recopilada de todas las instituciones y la comunidad.

Esto permitirá colaborar con el trabajo investigativo de las fiscalías de análisis criminal, con el fin de focalizar de manera eficiente los recursos y poder llegar a resultados concretos que permitan dar eficiencia a la labor policial.

La Coordinación de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito se transformaría en esta unidad. Es por ello que consideramos urgente la creación de una Unidad de Inteligencia a nivel Regional, dependiente de la Agencia Nacional de Inteligencia.

 

COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES

Es fundamental considerar las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, en relación con los planes de seguridad pública comunal.

En la actualidad, los alcaldes y alcaldesas mantienen responsabilidades ineludibles desde el punto de vista legal, pero los Consejos de Seguridad Pública comunales se han visto limitados, debido a la escasez de recursos para implementar programas de prevención en sus respectivas comunas.

Es urgente empoderar a las unidades de seguridad ciudadana con las que cuentan los municipios, para que asuman labores de control de actividades que atentan contra la civilidad, como infracciones a la ley de alcoholes, incremento de ruidos molestos, citaciones judiciales y rondas preventivas para la fiscalización de medidas cautelares.

Todo lo anterior, con el fin de coadyuvar la labor de Carabineros en estas funciones.

 

CERRAR BRECHAS PRESUPUESTARIAS

Concordamos también con el diagnóstico de la Comisión Investigadora de Crimen Organizado, en cuanto a dar celeridad a las mejoras presupuestarias para las policías en la zona y preferencia a esta misma zona en dichas mejoras: La Ley de Presupuestos del Sector Público para 2023 contempla mejoras y aumentos en recursos, especialmente en cuanto a la adquisición de vehículos, con el objetivo de reducir al menos un 16% el déficit operacional actual, que alcanza un 54% de la flota.

Se propone la necesidad de dar total celeridad a todos los actos administrativos de licitación y contratación pública que permitan lograr este objetivo, así como también dar énfasis a las regiones del Biobío y de la Araucanía para acceder a estos vehículos, tomando en cuenta la extensión y ruralidad de ambas regiones, así como el poder de fuego que en ellas se presenta.

 

REFORMA AL MINISTERIO PÚBLICO

Es urgente que el Ejecutivo avance en la reforma y reestructuración del Ministerio Público, como por ejemplo, eliminar incentivos para términos “exprés” de las causas y evitar que delitos y crímenes queden sin investigar.

Se debe aumentar la dotación de fiscales adjuntos, acogiendo la recomendación de la Asociación Nacional de Fiscales, e incrementar al menos 375 contrataciones, junto con los respectivos abogados asistentes y ayudantes de fiscales, para acelerar las diligencias investigativas y dar rápida respuesta a los requerimientos.

Además, es necesario aumentar los incentivos para causas terminadas con condenas efectivas, cuidando de no afectar el debido proceso. Finalmente, se deben eliminar trabas y aumentar incentivos que permitan disminuir la tasa de delitos sin imputado conocido.

 

REFORMA AL SISTEMA DE INTELIGENCIA

Es urgente contar con una actualización del Sistema de Inteligencia Nacional. En este sentido, es necesario dar discusión urgente y tramitación rápida al proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

Su objetivo es mejorar la coordinación con otros organismos públicos afines, también encargados de la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar social.

El proceso de modernización implicaría incorporar nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia, y estimular las competencias del personal a cargo de ella.

También se busca incrementar la capacidad de producir inteligencia por parte de todos los actores y niveles del Sistema de Inteligencia del Estado, y hacer obligatorio un modelo colaborativo, sancionando el incumplimiento del deber de contribuir con información al Sistema de Inteligencia del Estado y la violación de su secreto.

 

AUMENTAR RESILIENCIA DE LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, SUS ÓRGANOS E INFRAESTRUCTURA

Debe darse urgencia al proyecto de ley que modifica el D.L. N° 2.460 de 2003, Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, en lo referente a su labor investigativa especializada (Boletín 15.317-07).

En concreto, se trata de un artículo que precisa el rol orientado al desarrollo de la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, y a la prevención de la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado.

El objetivo es contribuir a la generación de un sistema de seguridad pública integral, eficiente y eficaz, capaz de enfrentar los peligros, riesgos y amenazas que atentan contra la ciudadanía.

 

REFORMA DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS 

El Instituto debe responder al país y a los requerimientos de los chilenos y chilenas, y no a grupos o intereses políticos o particulares. En razón de esto, es necesario explorar una reforma estructural en la forma de integración del Consejo, así como su deber colaborativo y autonomía.

Además, se deben incorporar nuevas tareas en sus objetivos institucionales, como por ejemplo el resguardo de víctimas de delitos violentos en los cuales se han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos, o requerimientos de diversidades de género actualmente invisibilizadas.

 

DATOS CERTEROS PARA ACTUAR

Tal como lo expuso el actual Fiscal Nacional en su intervención ante el Senado, es urgente unificar la información con la que cuentan los diferentes órganos del Estado en el combate delictivo.

Con información certera, se puede combatir de manera más rápida y eficiente la acción delictiva desde sus inicios.

Es por ello que estimamos necesaria la concreción de una anhelada promesa: el Banco Unificado de Datos (BUD), al cual puedan acceder todas las instituciones de manera coordinada.

 

CRIMEN ORGANIZADO

Existen situaciones de crimen organizado que utilizan menores de edad para la comisión de ilícitos. Es necesario implementar la medida de que cada menor que ingrese al país deba hacerlo con al menos uno de sus progenitores, acreditado por documento legalizado, y no permitir el ingreso de menores sin el amparo de quien ejerza legalmente su patria potestad y cuidado personal.

Debemos combatir la delincuencia organizada dando urgencia al proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

 

COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS

Aquí coincidimos con la Comisión Especial Investigadora en Crimen Organizado en que se debe propender a la “creación de unidades regionales interinstitucionales dedicadas a recabar antecedentes e investigar el lavado de activos, particularmente el vinculado a las bandas asociadas al crimen organizado”.

Es necesario complementar la Ley 21.453 de junio de 2022, que modifica el Código Tributario, obligando a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos de cuentas financieras y sumas de abonos que mantengan sus titulares en Chile.

Para ello, se debe dar urgencia al proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. Este proyecto avanza en la sanción efectiva de los delitos denominados de cuello y corbata, disminuyendo los espacios de impunidad.

 

PLAN DE TOLERANCIA CERO A LA DELINCUENCIA

Es necesario tener en cuenta la experiencia de otros países. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se implementó un plan de tolerancia cero, cuyo objetivo era la persecución penal de toda clase de delitos, con preferencia por los delitos y faltas menores. El objetivo de este enfoque era cortar la carrera delictiva en sus etapas tempranas.

Esta estrategia tuvo el efecto de desincentivar la comisión de delitos cada vez más complejos y permitió una campaña efectiva de desarticulación temprana del crimen organizado, que a menudo comenzaba con delitos menores.

Actualmente, en materia de persecución penal, se utiliza precisamente la fórmula contraria: se prefiere la persecución de delitos más complejos, en el punto más alto de la carrera delictiva, argumentando la eficiencia de los recursos limitados destinados a la persecución penal.

 

DISCUSIÓN INMEDIATA DE PROYECTO DE CRIMEN ORGANIZADO

El Boletín 13588-07, ingresado en 2020 y actualmente en Comisión Mixta, tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales con el fin de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Entre sus avances destacan el comiso de las ganancias ilícitas, la entrega de mayores facultades investigativas para la persecución de estos delitos y la desarticulación de bandas, la autorización de escuchas telefónicas y la utilización de agentes encubiertos y la capacidad de la unidad de análisis financiero para hacer seguimiento de compras sospechosas.

Estas medidas buscan fortalecer la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Además, aseguran la confiscación de los recursos obtenidos de actividades ilícitas y el robustecimiento de las instituciones encargadas de la rehabilitación y reinserción social.

 

ELIMINAR INCENTIVOS A PUERTA GIRATORIA

Consideramos necesaria la reforma de ciertas salidas alternativas que permiten a los fiscales ofrecer el término de causas sin cárcel a delincuentes con reincidencia sucesiva.

Aunque creemos en los efectos resocializadores de las penas, estos deben dirigirse preferentemente a los llamados delincuentes ‘primerizos’ que demuestren intención y conducta adecuada para someterse a dichos programas intracarcelarios.

Asimismo, se debe revisar la institucionalidad sobre la libertad condicional, haciendo vinculante el informe de Gendarmería para la concesión de beneficios.

 

FRENAR PERMISOS PENITENCIARIOS SIN CONTROL

Coincidimos con la Comisión Investigadora de Crimen Organizado de la Cámara en cuanto a la necesidad de cesar la concesión de permisos intrapenitenciarios que permiten la salida al medio libre sin respetar el marco legal y reglamentario dispuesto para ello.

Como se señaló en las conclusiones, estos permisos de salida hacia Centros de Estudio y Trabajo, así como de salida al medio libre, no han respetado el marco legal y reglamentario.

En este sentido, también apoyamos los proyectos que perfeccionan el sistema procesal penal para limitar la llamada ‘puerta giratoria’. Por ello, consideramos necesario dar urgencia al Proyecto que Modifica Diversos Cuerpos Legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en la reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

 

AUMENTAR PENAS DE ASOCIACIONES ILÍCITAS

Es necesario reformar las penas para las asociaciones ilícitas y modificar su tipo penal, así como facilitar la labor investigativa de las policías mediante la creación de Unidades de Alta Complejidad Delictual en las fuerzas policiales.

No podemos tolerar una legislación que ampare o deje áreas grises en el actuar de grupos criminales. Debemos eliminar los incentivos para las asociaciones y el crimen organizado, cortando la salida de vehículos robados o sus partes a través de las aduanas.

 

MEJORAR CONDICIONES DE GENDARMERÍA

En este punto, respaldamos la conclusión de la Comisión Investigadora sobre Crimen Organizado en cuanto a la protección y mejora de las condiciones laborales de los miembros de la Gendarmería de Chile. Esto implica aumentar los controles, fortalecer el rol de autoridad y eliminar el riesgo de contaminación de los funcionarios por prácticas ilegales y reprochables por parte de los internos.

 

MÁS CONTROL ADUANERO

La labor del Servicio Nacional de Aduanas es crucial para reducir el incentivo a las asociaciones criminales. Al interrumpir el flujo de dinero entre el crimen y sus líderes, se empieza a desarticular su organización y su crecimiento.

Es urgente reformar el funcionamiento de Aduanas mediante la provisión de mayor tecnología y la implementación de los recursos adicionales aprobados en el Presupuesto 2023.

También se deben modificar las normas legales para facilitar la coordinación entre Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financieros.

Se sugiere establecer alertas tempranas entre estos tres servicios para detectar en sus etapas iniciales la formación de asociaciones ilícitas.

Además, es necesario fortalecer el funcionamiento, la capacitación y la adquisición de nueva tecnología contra el crimen organizado en los complejos de Colchane, El Loa y Chacalluta, así como aumentar la fiscalización en la Zona Franca y el Puerto de Iquique.

 

COMBATE DEL CIBERCRIMEN

En junio de 2022 se promulgó la Ley 21.459, que actualiza la legislación chilena en materia de delitos informáticos, alineándola con las exigencias del Convenio de Budapest, del cual Chile es signatario.

Esta ley tipifica como delitos informáticos diversas conductas, incluyendo el ataque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos informáticos, falsificación informática, receptación de datos informáticos, fraude informático y abuso de dispositivos.

Establece penas que van desde presidio menor en su grado mínimo hasta presidio mayor en su grado mínimo, así como la aplicación de multas, en función de la gravedad de los delitos.

Además, se incorporan reglas especiales en materia de procedimiento, otorgando legitimación activa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los delegados presidenciales regionales y a los delegados presidenciales provinciales cuando las conductas señaladas en la ley afecten servicios de utilidad pública. También se permite ordenar técnicas de investigación.

Es urgente complementar esta ley con el proyecto de ley que establece una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información (Boletín 14.847-06), aprobado por la Comisión de Defensa y actualmente en la Comisión de Seguridad Pública.

Esta iniciativa establece un marco normativo en materia de ciberseguridad, así como responsabilidades y deberes para una serie de órganos de la Administración del Estado, así como para los órganos del Estado y las instituciones privadas que posean infraestructura crítica de la información.